Alfonso Espinosa de los M.

La reforma local del PP de Cristóbal Montoro


Leo en estos días muchas opiniones respecto a la nueva reforma local que el PP nos va a imponer aplicando el rodillo de una mal entendida mayoría absoluta. Esta reforma parece que pasa inadvertida para la mayoría de la ciudadanía pero no así para los cientos de Alcaldes y concejales, incluidos los del PP, que han manifestado su total desacuerdo con la aplicación de esta Ley.

No obstante, es la ciudadanía la que más pierde con esta reforma unilateral y trataré de explicar brevemente y de forma sencilla por qué. Para empezar por el principio, ni siquiera el título es inocente. ‘Propuesta para la racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales’. ¿Racionalización? ¿Administraciones Locales? Incluir la palabra racionalización para hablar de las administraciones locales es una trampa, o un embuste directamente, pues se incluye en el mismo saco a todos los Ayuntamientos obviando que son precisamente los Ayuntamientos pequeños los que menos participan de la deuda. Por ejemplo, tan solo la deuda reconocida del Ayuntamiento de Madrid (el más endeudado de España con diferencia con sus 7.429.664 millones de euros de deuda según el Banco de España) supone más del 23% del total de la deuda de TODOS los demás Ayuntamientos. Y si a esto le sumamos las deudas de Diputaciones, Comunidades Autónomas, etc. ¿por qué tenemos que “racionalizarnos” los Ayuntamientos más pequeños si son otros los que gestionan mal?

Del mismo modo, no es inocente la elección del término ‘administraciones locales’ que era un término franquista bastante en desuso, y no hablar de Ayuntamientos, pues con esta reforma se vuelve a entender a los Ayuntamientos como meros gestores subrogados de una administración superior, ya sea de Madrid o de la Comunidad Autónoma. Es decir, volvemos muchos años atrás de autonomía municipal donde las administraciones locales se dedicaban a ejecutar las políticas de ‘los de arriba‘.

Pero si el título ya nos daba una idea de por dónde iban a ir los tiros, nada más empezar el desarrollo de la Ley se hace notar los dos conceptos generales en torno a los que gira la propuesta: desmantelamiento de los servicios públicos y apertura de la posibilidad de negocio y privatizaciones. Explicaré por qué.

992664_10201986918450698_330255467_nLa Ley, como explicaba antes habla de la ‘racionalización y sostenibilidad’ de los servicios. No obstante, esta supuesta racionalización no se la exigieron a los grandes Ayuntamientos. Somos los pequeños municipios los que la vamos a sufrir. Diría más, son los vecinos y vecinas de los pueblos más pequeños quien van a terminar pagando la deuda de las ínfulas megalómanas de la Alcaldesa de Madrid.

El debate debería ser más intenso: ¿deben ser todos los servicios  que ofrece un Ayuntamiento ‘sostenibles’? Pues yo digo que sí, pero no únicamente en términos económicos. Y ahora piensen en esos 7 millones de usuarios de los servicios sociales (víctimas de violencia de género, menores en desamparo, personas con discapacidad, etc.) pagando íntegramente los servicios que necesitan. Este es el concepto de ‘Sostenibilidad’ que maneja el ministro Montoro (no voy a decir el Partido Popular por la cantidad de concejales y alcaldes que se han opuesto a esta Ley): quien necesite un servicio, que lo pague.

En la Ley se deja abierta la asunción de determinados servicios por parte de las diputaciones. A nadie se le escapa que cuanto más alto es el nivel burocrático, menos importantes son las necesidades de los vecinos. Esto es una puerta abierta clara a las privatizaciones para hacer negocio. ¿Se imaginan lo que importará la voz por ejemplo, de Becilla de Valderaduey con 170 habitantes frente a los 1900 de Mayorga, para la Diputación? Si no hay sostenibilidad social ¿por qué el autobús tendrá que parar a recoger sólo a dos personas si ECONÓMICAMENTE a la empresa privada le saldrá mejor no parar?

Los ‘pequeños’ pagan a los ‘grandes’

En resumen, esta Ley lo que dice es que, basándose en una deuda que los Ayuntamientos pequeños no han generado, habrá competencias que serán asumidas por las diputaciones cuando no sean estrictamente rentables en términos económicos. Es decir, en vez de ayudar a la financiación de los servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, se las otorgaremos a las Diputaciones (recuerden que es un organismo de elección indirecta) para que estos puedan ofrecer a una empresa PRIVADA el mismo servicio, eso sí, con un sobrecoste que pagaran directamente los vecinos y vecinas.

Pero yo voy más allá ¿dónde está el truco? Porque si el objetivo de la Ley es ‘racionalizar’ el excesivo gasto -mentira- de los Ayuntamientos y lo que propone es que exactamente el mismo servicio lo asuma otra administración superior ¿dónde está el ahorro? En lo que pagaremos todos. En el NEGOCIO de las empresas privadas. Ese es el ahorro. La ley incorpora además algunas ‘perlas’ como los incentivos a la fusión voluntaria de municipios. Como el señor Gallardón y la señora Ana Botella se han gastado mucho en presentar una y otra vez Madrid a las Olimpiadas, ustedes tendrán que perder la autonomía de su municipio y fusionarse con el más próximo.

El ministro Montoro, que jamás ha sido concejal, nos quiere colocar una reforma local que fomenta las privatizaciones, el adelgazamiento de lo público, la perdida competencial por parte los Ayuntamientos en favor de otras administraciones superiores y en general, dejar a los y las ciudadanas de nuestros municipios en una situación de franca desventaja, peores condiciones y mayor desamparo. Y nosotros, los vecinos y vecinas, somos los grandes perjudicados de los excesos que han cometido otros, que no pagarán por ello.

Alfonso Espinosa

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