Opinión

Reforma para el pueblo pero…sin él


El 15 de febrero de 2013, el Gobierno reformó la Ley de Bases de Régimen Local, a través del Consejo de Ministros. Una ley que ya ha había sido reformada una veintena de veces y cuya nueva reforma tiene como objetivo identificar cuáles son las competencias de cada una de las administraciones locales, entidades menores, ayuntamientos y diputaciones. Además, esta reforma limita los sueldos de los alcaldes y concejales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó que el Ejecutivo impulsará “cambios profundos” en la nueva reforma que incluirá una “redefinición” de la estructura de la administración local y del ejercicio de sus competencias. Con tal motivo, quieren garantizar que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados “a precios adecuados y mejor gestionados”.

Todos aquellos ayuntamientos que tengan una población inferior a los 20000 habitantes deberán ser eficientes en su gestión económica, garantizando los servicios que este mismo ofrece. En el caso de no poder gestionarlos, sus funciones pasarán a las diputaciones provinciales, potenciando de esta manera esos órganos de gobierno cuyos miembros no son escogidos por el pueblo. Por su parte, los ayuntamientos tendrán un año de plazo para revisar y evaluar sus cuentas y servicios.

Eliminar sueldos

Lo más polémico de la reforma de Ley, sin lugar a dudas, es la bajada o anulación de los sueldos de los funcionarios públicos. A los alcaldes de los pueblos que tengan una población inferior a 1000 habitantes se les suprime el sueldo y tan solo recibirán el dinero de las dietas por asistencia a plenos.  Como consecuencia, 4.673 municipios sufrirían esta variación en la Ley.

El problema afecta asimismo a muchas de las entidades menores y mancomunidades, que deberán presentar sus cuentas (algo que muchas de ellas actualmente no hacen). Sus funciones serían gestionadas por las diputaciones en el caso de no presentar dichas cuentas. La reforma no cuenta con el apoyo de la mayoría de grupos del Parlamento, pues estos dicen que es inconstitucional y antidemocrática. Además creen que incitará a muchos funcionarios públicos a desentenderse de sus funciones municipales al obligarles a tener otro trabajo.

Muchos pueblos de España, en concreto de Valladolid, tienen una población que no supera los 1000 habitantes. Castilla y León es una de las comunidades autónomas con más despoblación rural y con esta ley no creemos que pueda solucionarse el problema que nuestra comunidad y provincia tiene desde hace más de un siglo.

Anuncios

Categorías:Opinión

Tagged as: , , , ,

Deja tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s